La Asociación Venezolana de Juristas (AVJ), en ejercicio de su compromiso en defensa del Estado de Derecho, de la soberanía nacional y de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), condena enérgicamente el reciente anuncio del gobierno de los Estados Unidos que, actuando como un Estado forajido, poniéndole precio y ofreciendo recompensas por la vida del Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moros.
Esta acción constituye una afrenta contra el presidente Nicolás Maduro Moros, contra soberanía nacional y contra los principios constitucionales consagrados en el Artículo 1 de la CRBV: “Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador”. Asimismo, vulnera el Artículo 5, que establece que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente…”. El Presidente Maduro ha sido electo democráticamente en tres procesos verificables (2013, 2018 y 2024), en cumplimiento del Artículo 6: “El gobierno de la República […] es siempre democrático…”, y por tanto debe ser garantizada la democracia participativa y protagónica.
Este rechazo se fundamenta además en la normativa del Derecho Internacional Público, como la Carta de las Naciones Unidas, cuyo Artículo 2.4 prohíbe toda amenaza o uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, y por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas (1961), que reconoce la inmunidad de los Jefes de Estado como principio de la convivencia pacífica entre las naciones.
La criminalización de la política exterior venezolana, por parte del gobierno de EEUU, con la imposición de medidas coercitivas unilaterales, también carece de toda legalidad y viola el Artículo 152 de la CRBV: “Las relaciones internacionales […] responden a los fines del Estado venezolano…”. Estas sanciones ilegales constituyen una forma de terrorismo jurídico y una agresión directa contra la población, en contradicción con el Artículo 31, que garantiza el derecho de toda persona a un ambiente libre de violencia.
La AVJ exige al gobierno de los Estados Unidos el cese inmediato de estas acciones y llama a la comunidad nacional e internacional a rechazar estas prácticas neocoloniales, que atentan contra el desarrollo, la paz y el bienestar de la población venezolana.
Asimismo, hacemos un llamado a los juristas venezolanos y del mundo, a las organizaciones sociales y a la comunidad internacional a mantenerse solidarios en defensa del derecho internacional, el principio de autodeterminación de los pueblos, de soberanía y el de no injerencia en los asuntos internos de los Estados.